La Audiencia Provincial confirma que deberá reponer dos mesas y una veintena de encimeras de roble en un plazo de cuatro meses.
La consellera Antònia Estarellas califica de «dramática» la situación judicial en Ibiza y exige al Ministerio de Justicia cubrir las vacantes.
La Guardia Civil ha descartado que el operativo se ejecute el 6 de octubre, fecha que había comenzado a circular entre los residentes del asentamiento, y trabaja en el dispositivo para recuperar la finca. Los cerca de 200 ocupantes reclaman al menos 15 días para abandonarla.
La APB ha concedido a Port Med Formentera una Autorización de Ocupación Temporal para gestionar las dos dársenas y la marina seca mientras sigue pendiente la concesión definitiva tras el polémico concurso, con el contencioso de DECOIN en el TSJIB.
Una trabajadora de Ryanair en Ibiza llevó a la aerolínea a los tribunales después de que sus ingresos pasaran de 1.604 a 382 euros mensuales y reclamó 15.000 euros por daños morales derivados de un supuesto acoso laboral. El TSJIB ha descartado la existencia de mobbing y ha confirmado la sentencia que rechazó su demanda.
Los socialistas exigen que Ana Ferrer deje su acta después de la detención de su marido, pese a reconocer que la concejala no está vinculada a la investigación. El reclamo contrasta con la posición mantenida por el PSOE ante el caso de David Sánchez, condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación.
Los residentes aseguran que el operativo será el 6 de octubre, pero ninguna de las partes consultadas por La Voz de Ibiza confirma el día. La orden judicial establece el desalojo inmediato de las cerca de 200 personas que viven en la finca.
El Ministerio de Justicia decidió habilitar una sede de examen propia en la isla para facilitar el proceso a los aspirantes locales
El Pleno rechaza la norma por 178 votos frente a 172 y deja sin efecto medidas como la prohibición de desahucios a personas vulnerables y la prórroga de determinados contratos de alquiler. «La historia les juzgará antes de lo que creen», advirtió Pedro Sánchez antes de la votación.
El tribunal da parcialmente la razón al propietario y establece que la clausura debe limitarse a impedir la comercialización turística, sin bloquear el uso residencial del inmueble.
El Ayuntamiento confirma que la visita, de urgencia, será el martes 6 de octubre para valorar su situación y su estado de salud.
El abogado de la propiedad asegura que los cerca de 200 ocupantes no recibirán aviso previo y que los bienes que permanezcan en la finca se considerarán abandonados. La fecha depende del operativo que preparen la Guardia Civil y la Policía Local.
El Juzgado liquida cuatro adosados de la calle Gavina en Sant Antoni de Portmany para cubrir una deuda judicial de 907.411 euros.
La Voz de Ibiza accede a imágenes del asentamiento donde murió un hombre y donde los vecinos llevan meses denunciando inseguridad.
Tres patrullas se han desplazado esta mañana a la finca mientras se investiga si el incendio mortal fue provocado. Un vídeo vecinal muestra caravanas e infraviviendas rodeadas de basura, con el desalojo inmediato ya autorizado por la Justicia.
El TSJIB limita el alcance del precinto a la actividad turística tras el recurso de la propietaria de un inmueble en Sant Antoni.
El TSJ balear rechaza por fuera de plazo la petición de indemnización por unos terrenos que pasaron de urbanizables a suelo protegido en una de las urbanizaciones más exclusivas de la isla. La empresa presentó la reclamación en 2020 por un cambio legal de 2008.
El hallazgo se produjo en un control rutinario en Sant Josep de Sa Talaia, tras detectar signos de manipulación en el salpicadero del vehículo.
El TSJIB revoca la sentencia que libraba a la instalación y confirma que las infracciones en terrenos reservados a viales no prescriben.
Laura llevaba más de un año viviendo en su vehículo. Asegura que, tras su retirada en Jesús por carecer de seguro, se quedó con las pertenencias que pudo recoger y 200 euros que necesitaba para alimentarse. Reclama ayuda para encontrar alojamiento sin separarse de sus animales.
El senador Miquel Jerez recordó que más de 900 menores han sido atendidos por ambos Consells cuando la red estaba dimensionada para 80 plazas. «El Gobierno está convirtiendo el sistema de protección de menores en su política migratoria», afirmó.
Su abogado explica que, si la Justicia ordena el desalojo, la propietaria retirará las chabolas, contratará seguridad y evaluará una rehabilitación que podría costar millones. Por ahora, no confirma si retomará su proyecto original.
La Audiencia Provincial de Baleares le impone dos años de prisión y 8.000 euros de multa tras incautar en su vivienda unos 333 gramos de MDMA y ketamina valorados en más de 15.000 euros.
El juez decano de Ibiza, Sergio González, advierte de que el sistema judicial cumple su función, pero las administraciones no tienen respuesta para las personas que se quedan sin hogar tras un lanzamiento. «No hay ninguna solución», afirma. En lo que va de 2026, Ibiza ha registrado 286 procedimientos de desahucio, una cifra similar a la del año pasado.
La Audiencia Provincial de Baleares ratifica la sentencia dictada en Ibiza por falta de pruebas suficientes y descarta que la denunciante sufriera indefensión durante el juicio..
