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El presidente de la Asociación de Empresarios Usuarios asegura que el reglamento que rige el fondeo en el Estany nunca alcanzó su aprobación definitiva, por lo que el Consell no puede aplicar sanciones. Denuncia además una siniestralidad «disparatada» en el campo de boyas y advierte de que, a la espera de que se modifique el PRUG, la isla entera podría quedar sin acceso libre al mar dentro de una década.

Vallas que no llegan, un servicio de barqueo cancelado, boyas que se sueltan y una base jurídica que sigue sin resolverse tras más de un año de idas y vueltas. Un recorrido por los principales frentes abiertos en la gestión del Estany des Peix, a través de las voces de los propios amarristas y empresarios afectados.

El jefe del Departamento de Costas y Litoral, la jefa del Servicio de Autorizaciones, la jefa del Servicio de Sanciones, la jefa del Servicio de Concesiones y otros 17 funcionarios han firmado una carta al conseller Lafuente en defensa de la directora cesada, María Joaquina Ferrer Matas. Revelan que varios responsables ya han decidido dejar sus puestos y que la retroacción del procedimiento de las hamacas fue decidida por el Servicio Jurídico contra el criterio de la propia Dirección General.

El Consell de Govern aprobó una ampliación de crédito de 5.796.307,35 euros para pagar la última condena judicial vinculada a la aplicación de la Ley Carbonero en la urbanización de Santa Eulària, que ya suma trece sentencias firmes. La Comunidad Autónoma acumula más de 380 millones desembolsados por el conjunto de litigios derivados de esta norma, con otros 210 millones aún reclamados en tribunales.


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