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La inversión llega después de que el Consell exigiera medidas «inmediatas»; el plan incluye una línea nueva en la Savina, una de las zonas más afectadas por los cortes esta temporada. El presidente insular, Óscar Portas valora la inversión, pero advierte de que llega tras “muchos años” sin las actuaciones necesarias y reclama que las doce obras previstas se ejecuten con la máxima rapidez

El Pleno de la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible aprobó este lunes el Plan Anual 2026-2027, que financia 65 proyectos por 199,8 millones en todo el archipiélago. A Ibiza le corresponden 30,5 millones de euros (17,14% del reparto territorial), más un plan de choque específico contra el intrusismo de 4,7 millones gestionado de forma transversal.

El Ayuntamiento asegura que las comprobaciones realizadas junto a Facsa descartaron una fuga de la red de alcantarillado y atribuye el episodio a la salida de aguas pluviales. El consistorio tomó muestras de forma preventiva ante la posibilidad de que el agua de arrastre incorporase contaminantes durante su recorrido hasta el mar.

La consellera aseguró que la resolución dio luz verde a «todo lo que se había pedido» desde septiembre de 2025. Sin embargo, los detalles de la resolución muestran otra realidad: de las 1.960 hamacas y 980 sombrillas solicitadas originalmente, Costas autorizó 1.900 y 950, respectivamente. La diferencia responde a un recorte en Illetes y a la eliminación de un lote de Migjorn por parte del propio Consell.

La resolución que puso fin al conflicto por las instalaciones de temporada en Formentera no se limitó a reordenar plazos y superficies: alteró la jerarquía normativa que había sustentado las denegaciones de mayo. La Dirección General de Costas y Litoral pasó de aplicar de forma directa los criterios de la OCAMAT a subordinarlos a los instrumentos de gestión ambiental del Parque Natural de Ses Salines.

Luego de que la Dirección General de Costas informara ayer que «permanecen fuera de la autorización distintos quioscos», lotes que se encuentran dentro de la concesión otorgada al Consell y que enfrentan un expediente de caducidad por una serie de irregularidades, al consellera Verónica Castelló apuntó responsabilidades contra el Govern: «Ha habido un error a la hora de valorar el expediente».


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