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El Consell de Govern aprobó una ampliación de crédito de 5.796.307,35 euros para pagar la última condena judicial vinculada a la aplicación de la Ley Carbonero en la urbanización de Santa Eulària, que ya suma trece sentencias firmes. La Comunidad Autónoma acumula más de 380 millones desembolsados por el conjunto de litigios derivados de esta norma, con otros 210 millones aún reclamados en tribunales.

La CNMC ha llevado al TSJB varios artículos del Decreto 6/2026 al considerarlos «innecesarios, desproporcionados y discriminatorios». Entre ellos, la antigüedad máxima de dos años para los vehículos —que la Asociación de Taxistas Autónomos de Vila viene pidiendo revisar—, la longitud mínima de los coches —que también fue objeto de debate en la isla— y otros aspectos que afectan al modelo de negocio de las plataformas VTC. El Govern balear defiende que la norma «es necesaria».


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