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Sa Claror opera como Vivienda de uso turístico con licencia del Consell de Ibiza y doce plazas autorizadas mientras el Ayuntamiento tramita el derribo de 325 metros cuadrados de construcciones ilegales levantadas en 2010. La propietaria ignoró durante siete años la sentencia del TSJIB que ordenaba restablecer la legalidad urbanística.

El Ayuntamiento de Sant Josep aprueba el proyecto de derribo de 325 metros cuadrados construidos sin licencia en la finca Sa Claror, cuya propietaria lleva siete años sin acatar una sentencia del TSJIB. La factura, de 142.639 euros, correrá a cargo de la dueña del inmueble, que opera como villa de alquiler turístico de lujo a más de 5.600 euros la noche.

La Policía Local publica imágenes de las mercancías incautadas y advierte del impacto de esta actividad en la limpieza, la convivencia y el comercio legal. Hace apenas una semana decomisaron casi 200 camisetas falsas y bolsos de imitación en Port des Torrent. Desde el 4 de julio, la nueva ordenanza de convivencia también permitirá sancionar a los compradores.

Un hombre que practicaba paddle surf en ses Figueretes quedó atrapado en el agua tras enredarse con la línea de boyas y perder fuerzas para regresar a su tabla. Un agente de la Policía Local de Ibiza se lanzó al mar al escuchar sus gritos de auxilio y, con la ayuda de un bañista, logró ponerlo a salvo. El rescate quedó grabado en vídeo.

Las imágenes muestran una boya, cabos, cadenas y piezas depositadas en el fondo junto a la vegetación frente a la playa de Es Viver. La empresa sostiene que el barco solo se amarró a una boya que ya estaba allí, pero cuyo origen desconoce. Costas afirma que no consta ninguna boya autorizada

Los cinco ayuntamientos de Ibiza, el Consell de Formentera y este viernes el Consell d’Eivissa han aprobado mociones de rechazo al proyecto de Aena. El PP y Unidas Podemos las impulsaron en convergencia; el PSOE las acompañó parcialmente, con apoyo, abstenciones y voto en contra según el municipio. La jornada del jueves dejó un cruce de reproches entre las tres formaciones y la ofensiva se extiende ya al Congreso de los Diputados.

Según documentos que obran en poder de La Voz de Ibiza, la comunidad de propietarios Resident Park II votó en febrero retirar la celosía del local del alcalde por no coincidir con el resto de la urbanización. Verónica Prats, esposa de Rafa Triguero y presente en esa junta, impugnó el acuerdo mediante burofax y llevó el caso al Instituto de Mediación de las Islas Baleares. Triguero no retiró la valla hasta que este medio comenzó a investigar el caso.

La Proposición No de Ley, firmada por la diputada Margalida Pocoví y por el presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, sostiene que el modelo del DORA es «incompatible» con la contención turística votada en las islas y reclama al Gobierno paralizar el proyecto y acelerar en el Congreso la ley de cogestión. Unides Podem ha registrado el mismo día una iniciativa convergente.

Tras el cierre de un grupo donde se vendían abiertamente cocaína, MDMA y tusi con lista de precios incluida, apareció otro con el mismo operador, los mismos turistas internacionales y una estrategia más sofisticada: lenguaje cifrado, derivación a Telegram y menos rastro digital. La Voz de Ibiza documentó cómo evoluciona el «CamelloApp» para sobrevivir a cada clausura.


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