La Junta de Gobierno del Consell Insular de Formentera, en su sesión del pasado 20 de marzo, ha aprobado sancionar a la empresa Formentera Isla Azul S.L con un total de 24.002 euros por la explotación irregular de un taller en el varadero de La Savina, tras constatar que operaba sin licencia y sin seguro obligatorio.
La resolución se basa en un expediente iniciado tras una denuncia del SEPRONA de la Guardia Civil en julio de 2024 en un taller de reparación de embarcaciones que opera dentro del varadero, situado en terrenos propiedad de Salinera Española SA y gestionado por Port Med Formentera, firma del grupo de Nicolás Mayol.
Tal como había avanzado La Voz de Ibiza, allí se habían detectado irregularidades graves en la gestión ambiental y administrativa. Además de la investigación de la Guardia Civil, tanto el Govern balear como el Consell Insular de Formentera abrieron procedimientos contra una empresa náutica por vertidos ilegales y falta de autorizaciones básicas.
En ese contexto, el Consell estableció que el taller ilegal “se encontraba en funcionamiento realizando una actividad de taller de embarcaciones y vehículos sin disponer de título habilitante ni de las autorizaciones sectoriales preceptivas”, lo que constituye una infracción grave conforme a la Ley 7/2013 de actividades de Baleares.
Inspecciones y origen del expediente
El caso se remonta a una denuncia de los agentes del SEPRONA el 19 de julio de 2024, seguida de una inspección del Consell el 9 de agosto en el local situado en la calle Ponent, en el varadero de Formentera, en La Savina.
Posteriormente, un informe técnico de febrero de 2025 confirmó las irregularidades, lo que llevó a la incoación del expediente sancionador el 8 de octubre de ese mismo año.
Durante las actuaciones, los inspectores comprobaron que la actividad incumplía diversas obligaciones legales, entre ellas operar sin el correspondiente título habilitante y sin seguro, según recoge el expediente.
Las inspecciones también detectaron la existencia de una instalación para evacuar aguas de escorrentía hacia el Parque Natural de Ses Salines, una práctica prohibida por la normativa ambiental.
Aunque esta maquinaria fue retirada antes de la incoación del expediente, el Consell tuvo en cuenta este hecho en la graduación de la sanción inicial.
Además, se constataron otras deficiencias relevantes: ausencia de mantenimiento acreditado de sistemas contra incendios, falta de gestión de residuos peligrosos, inexistencia de bandejas de seguridad para hidrocarburos y la presencia de manchas de combustible en el suelo del taller. Estas condiciones suponían “un riesgo grave pero no inminente para la seguridad, la salubridad o el medio ambiente”, detalla.
Alegaciones rechazadas
La empresa presentó alegaciones en noviembre de 2025 en las que afirmaba haber retirado las instalaciones de vertido y negaba responsabilidad sobre algunos de ellos.
También argumentó que desconocía la situación urbanística del local al estar en régimen de alquiler desde 2022 y aseguró que su actividad era principalmente de reparación de embarcaciones, siendo puntual la intervención sobre vehículos. Asimismo, manifestó su intención de legalizar la actividad.
Sin embargo, el Consell desestimó íntegramente estas alegaciones al constatar que “no consta presentado título habilitante ni seguro obligatorio de la actividad”, ni tampoco un proyecto técnico que garantice la seguridad.
Sanción final reducida a dos infracciones
Aunque la propuesta inicial contemplaba tres sanciones —incluida una de 6.000 euros por las deficiencias detectadas—, el acuerdo finalmente aprobado por la Junta de Gobierno elimina esta última y fija la multa en 24.002 euros, correspondientes a dos infracciones graves:
- 12.001 euros por ejercer la actividad sin licencia
- 12.001 euros por carecer de seguro obligatorio
El Consell acordó como medida cautelar la suspensión de la actividad y la paralización de todas las instalaciones, además de la retirada de elementos contaminantes y la limpieza del recinto. Esta medida se mantiene vigente mientras persistan las irregularidades.
De hecho, el establecimiento fue precintado el 22 de enero de 2026 en ejecución de un decreto de presidencia, tras comprobarse que no se habían subsanado las deficiencias detectadas.
¿Más sanciones?
El acta de la Junta de Gobierno aclara que, “independientemente del estado urbanístico, y de los vertidos que se realizan que son competencia de otras administraciones, el objeto de este expediente no es la situación urbanística ni su conformidad con la ordenación territorial sino el hecho de que se está realizando una actividad en dicho inmueble sin disponer de título y con una serie de deficiencias”.
En tal sentido, detalla que “el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística está dirigido a la restauración de la legalidad urbanística vulnerada mientras que el procedimiento sancionador está dirigido a sancionar por la infracción cometida, infracción que en este caso no es en materia urbanística sino en materia de actividades”.
Por eso, todavía restan las sanciones por la “instalación ilegal de vertido de aguas con conexión al medio natural”, detectada durante las inspecciones. Desde la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía han confirmado que se recibió una denuncia por gestión incorrecta de residuos, y que está pendiente de iniciar el correspondiente expediente sancionador. La infracción ha sido calificada como “grave”.
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