Las seis semanas que acorralan a Triguero: el Govern ignora que el alcalde vivió en la VPL sin cumplir los requisitos

El conseller Mateo insistió en que la Dirección General investigará cuando reciba la documentación de inscripción. Pero esquivó el problema real: Triguero obtuvo la licencia de primera ocupación el 6 de marzo, se mudó a la vivienda y vivió en ella hasta que estalló el escándalo, sin haber inscrito la VPL en el registro autonómico ni haber presentado la declaración responsable de beneficiarios. El PSOE cifra ese período en «un mes y medio».

I mayo 13, 2026
6:32 am

El conseller balear de Vivienda, José Luis Mateo, repitió el martes en el Parlament su argumento de que la Dirección General de Vivienda investigará el caso Triguerogate «cuando reciba la documentación». Pero al hacerlo esquivó —de nuevo— el núcleo del problema: el alcalde de Ibiza vivía en la Vivienda de Precio Limitado (VPL) cuando La Voz de Ibiza le consultó al propio alcalde y días después publicó la investigación exclusiva sin haber cumplido ninguno de los trámites obligatorios previos a la ocupación efectiva.

La Voz de Ibiza ha documentado que la licencia de primera ocupación fue concedida el 6 de marzo de 2026. A partir de ese momento, Triguero tenía la obligación de inscribir la vivienda en el Registro autonómico de VPL antes de ocuparla. No lo hizo. Tampoco presentó la declaración responsable de beneficiarios, otro trámite preceptivo. Y pese a ello, la familia se instaló en el bajo reconvertido.

La diputada socialista Irantzu Fernández fue más concreta en el Parlament: «¿Por qué ningún miembro de la familia ha presentado la declaración responsable? Hace una semana el señor Triguero hizo declaraciones reconociendo todo esto. Han pasado dos meses desde que tiene la licencia de primera ocupación». Y en una intervención anterior cifró el período en que Triguero residió en la VPL durante «un mes y medio».

El dato nuclear de la polémica

El argumento del Govern —que todo está «en tramitación» y «en plazo»— es válido solo si nadie ocupa la vivienda. El problema es que alguien sí la ocupó.

La Ley 3/2024 establece que las VPL deben destinarse a domicilio habitual y permanente del beneficiario, y que ese beneficiario debe cumplir los requisitos legales, entre ellos no ser titular de más del 50% de otra vivienda.

Triguero vivió en la VPL sin haber acreditado ese cumplimiento ante ninguna administración. Su esposa, además, es propietaria al 100% de otra vivienda en el mismo edificio, lo que según seis fuentes jurídicas independientes consultadas por La Voz de Ibiza incumple el artículo 2.5 de la ley.

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Si la vivienda hubiera permanecido vacía, el debate sería otro. Pero al ocuparla, Triguero convirtió un incumplimiento procedimental en una ocupación irregular de una vivienda protegida.

La respuesta del Govern que no responde

Mateo defendió la figura de las VPL con datos generales y reiteró que se exigirán responsabilidades «cuando recibamos la documentación». Pero no abordó en ningún momento el período de ocupación sin inscripción. Tampoco respondió a la pregunta de Fernández sobre si había hablado con Triguero.

El conseller sí se mostró sorprendido por las críticas al alcalde: «¿Qué problema tienen ustedes con que el alcalde de Ibiza, como cualquier otro particular, como cualquier otro promotor privado, como cualquier persona pueda generar una vivienda de precio limitado?».

Una pregunta que ignora que el problema no es que Triguero haya promovido una VPL, sino que presuntamente no cumplía los requisitos para ser su beneficiario y la ocupó igualmente.

El escándalo que lo cambió todo

Triguero vivió en la VPL hasta que estalló el escándalo desatado por las informaciones de La Voz de Ibiza. Según los socialistas, estuvo allí «un mes y medio». Además, la operativa y las reformas realizadas en el antes local comercial confirman las verdaderas intenciones de los propietarios: convertirla en su residencia principal.

Nadie en su sano juicio acomete una inversión con rentabilidades negativas, invierte 600.000 euros para obtener 1.000 de renta de un inmueble que nunca subirá de valor porque siempre será una VPL, y cede, a través de pactos sucesorios, parte del patrimonio familiar a favor de sus hijos menores si no tiene intención de vivir allí, como era el caso.

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Sin embargo, una vez desatado el escándalo, fue entonces cuando Triguero anunció que la destinará al alquiler. Con una renta de poco más de 1.000 euros. Lo que parecía un pelotazo para el patrimonio de la familia Triguero, se terminó convirtiendo en una ruina económica.

Un giro que la diputada Fernández comparó con otro episodio ya documentado: «Dice que la destina al alquiler, ahora que ha estallado todo. Igual que retiró la valla el día que un periodista le dijo que era ilegal. Lo hace porque no sabe por dónde salir». Las dos rectificaciones que dejan todavía más en evidencia al alcalde de Vila.

Esas seis semanas de ocupación —entre la concesión de la licencia de primera ocupación el 6 de marzo y el estallido del escándalo— son las que el Govern no ha explicado y las que, según el PSOE, tendrán recorrido judicial.