Hemeroteca

Noticias del mes de agosto de 2026


Luego de que la Dirección General de Costas informara ayer que «permanecen fuera de la autorización distintos quioscos», lotes que se encuentran dentro de la concesión otorgada al Consell y que enfrentan un expediente de caducidad por una serie de irregularidades, al consellera Verónica Castelló apuntó responsabilidades contra el Govern: «Ha habido un error a la hora de valorar el expediente».

La consellera aseguró que la resolución dio luz verde a «todo lo que se había pedido» desde septiembre de 2025. Sin embargo, los detalles de la resolución muestran otra realidad: de las 1.960 hamacas y 980 sombrillas solicitadas originalmente, Costas autorizó 1.900 y 950, respectivamente. La diferencia responde a un recorte en Illetes y a la eliminación de un lote de Migjorn por parte del propio Consell.

Mientras el criterio ambiental terminó imponiéndose sobre la Orden de 2013 en la disputa por la distancia a las dunas, esa misma Orden siguió operando a favor del Consell en otro frente: la distancia mínima entre las instalaciones y la orilla del mar. Dos argumentos jurídicos de aplicación discrecional terminaron siendo decisivos para que Formentera consiguiera casi la totalidad de las instalaciones de temporada solicitadas.

La resolución que puso fin al conflicto por las instalaciones de temporada en Formentera no se limitó a reordenar plazos y superficies: alteró la jerarquía normativa que había sustentado las denegaciones de mayo. La Dirección General de Costas y Litoral pasó de aplicar de forma directa los criterios de la OCAMAT a subordinarlos a los instrumentos de gestión ambiental del Parque Natural de Ses Salines.

El fuego afectó a unos 70 metros cuadrados de vegetación junto al restaurante El Caminito en la PM-820-2 y fue declarado extinguido a las 7.30 horas. En la extinción participaron tres bomberos del Consell, efectivos del IBANAT, la Policía Local y la Guardia Civil.

Cuatro de los antiguos concesionarios advierten que acudirán a la jurisdicción contencioso-administrativa si el Govern no acredita la incoación formal del expediente de caducidad. Han pasado más de nueve meses desde que los propios técnicos de la Conselleria propusieron iniciar el expediente tras un demoledor informe por los diferentes incumplimientos documentados.

El presidente de la Asociación de Empresarios Usuarios asegura que el reglamento que rige el fondeo en el Estany nunca alcanzó su aprobación definitiva, por lo que el Consell no puede aplicar sanciones. Denuncia además una siniestralidad «disparatada» en el campo de boyas y advierte de que, a la espera de que se modifique el PRUG, la isla entera podría quedar sin acceso libre al mar dentro de una década.


Scroll al inicio
logo bandas
Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Gobierno de España. Red.es. Programa Kit Digital