La Junta de Gobierno Local desestimó las alegaciones de la entidad sancionada. La multa equivale al 75% del valor de la edificación, por acreditar un cambio de uso de residencial a turístico sin autorización.
El Consell de Govern aprobó el proyecto de construcción en la calle Els Cubells, 17, en un solar del IBAVI. La promoción se beneficia de la nueva figura de inversión de interés autonómico, que permite acelerar la tramitación.
El alcalde de Sant Josep avisa al sector hotelero de Ibiza, vincula los asentamientos con el empleo en negro y advierte: «Quien no acepte, no nos conviene».
La Conselleria de Vivienda no ha contestado a las consultas jurídicas concretas que La Voz de Ibiza le trasladó sobre la validez de los pactos sucesorios del alcalde de Ibiza. El conseller Mateo tampoco abordó este punto en el Parlament cuando fue interpelado. Para el PSOE, el silencio del Govern equivale a complicidad.
La Guardia Civil levanta ocho actas por acumulación incontrolada de residuos, quema de basuras y actividad industrial sin licencia en suelo rústico.
Santa Eulària confirma la sanción a una vivienda de la calle Pío Baroja por comercializarse como estancia vacacional sin título habilitante.
El Ajuntament propone sancionar el cambio de uso de una vivienda en suelo rústico y confirma otra multa de 46.361 euros por comercializar en Airbnb.
El Colegio de Arquitectos de las Islas Baleares presenta su Memorándum de conclusiones del ciclo de conferencias sobre vivienda en Ibiza y Formentera con un diagnóstico demoledor: la isla es la región de España con mayor exclusión social, 16.000 personas viven en viviendas inseguras y 3 de cada 10 residentes se plantean marcharse.
El Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares presenta un plan con cinco medidas para movilizar el parque residencial sin nuevas urbanizaciones.
Una semana después, la Conselleria de Vivienda no ha contestado las consultas jurídicas concretas de La Voz de Ibiza sobre la validez de los pactos sucesorios de Triguero a efectos de la Ley 3/2024. El silencio no es neutral: cualquier respuesta compromete al Govern, a la ley que impulsó y al propio alcalde.
Triguero y su esposa cedieron solo sobre el papel y con el objetivo de aparentar cumplir la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda propiedades a sus hijos menores para acceder a una vivienda pensada para quien no tiene dónde vivir: fuentes jurídicas independientes lo califican de fraude de ley
La diputada socialista Pilar Costa ha acusado a la Conselleria de Vivienda de facilitar «que el alcalde de Vila se quede con una Vivienda de Precio Limitado».
Desde el PSOE han considerado que «las informaciones publicadas sobre la situación del inmueble del alcalde son de una gravedad absoluta y demuestran claramente que el alcalde de Eivissa está preocupado por la vivienda, pero sólo por la suya».
Triguero y su familia residen en un antiguo local en el mismo bloque en el que vivían en Can Misses, incumpliendo los requisitos exigidos por el Govern en la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda para beneficiarse de una norma excepcional pensada para facilitar el acceso a la vivienda, la Ley de Propiedad Horizontal, el Reglamento de Urbanismo del Consell de Ibiza, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la Ley de Procedimiento Administrativo.
Durísimo régimen sancionador de la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda para evitar casos como el de Triguero: cuantiosas multas coercitivas, obligación de reponer la situación al estado anterior y la imposibilidad legal de seguir residiendo en la vivienda y riesgo de expropiación
El Ayuntamiento impulsa un “ecosistema de vigilancia aérea con drones integrados en la Policía Local”. Serán seis nuevas patrullas aéreas autónomas, que se suman a las tres operativas desde 2017. Tendrán una cobertura del 90% del municipio.
La comunidad vecinal asegura que la licencia se ha solicitado «en fraude de ley» al amparar una sala de fiestas abierta al público bajo un permiso antiguo de actividad complementaria para huéspedes
El Ayuntamiento sanciona a una arrendadora por ofrecer una vivienda en Arabí de Dalt sin licencia turística tras detectarlo la Policía Local en pleno verano de 2025.
Las administraciones insulares rechazan o ignoran la petición de trabajadores que viven en vehículos, mientras remiten a campings y descartan habilitar nuevos espacios.
El proceso para optar a las viviendas del Ayuntamiento de Ibiza incluye requisitos estrictos y un sistema de adjudicación mediante sorteo público con lista de reserva.
El proyecto prevé eliminar más de 7.000 m² en 12 meses y restaurar el entorno, uno de los enclaves más degradados del norte de Ibiza. Los trabajos costarán 1,7 millones de euros.
El Consell licita el derribo del hotel inacabado de Cala d’en Serra, escenario de un vídeo sexual con más de 650.000 visualizaciones.
El Consell Insular de Ibiza ya ha impuesto dos sanciones de 24.869 euros y advierte que, tras 12 multas, ejecutará el derribo de forma subsidiaria del edificio inacabado en Cala Molí, del municipio de Sant Josep.
El desarrollo impulsado al amparo de la Ley 4/2025 para los Proyectos Residenciales Estratégicos permitiría levantar entre 3.500 y 4.000 pisos, con un máximo teórico que podría alcanzar las 4.500 viviendas.
El Ayuntamiento planea urbanizar cerca de 50 hectáreas entre Playa d’en Bossa y la carretera de Ibiza al aeropuerto para permitir la construcción de miles de pisos libres, VPL y VPO a través del mecanismo especial un proyecto residencial estratégico
