El Govern balear exigirá un periodo mínimo de residencia en las Islas para poder acceder a prestaciones como la Renta Social Garantizada o las ayudas a la emancipación. Con esta medida, el Ejecutivo, sustentado por PP y Vox, busca frenar el “efecto llamada” que, según sostienen, estaría atrayendo a personas inmigrantes en situación irregular.
Hasta ahora, el requisito residencial solo se aplicaba a la vivienda pública, pero se extenderá a otras prestaciones. El Govern requería previamente cinco años de residencia para optar a un inmueble de protección oficial.
Con esta reforma, la misma condición se aplicará a otras ayudas sociales, lo que supondrá un cambio sustancial en el acceso a estos recursos.
La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, defendió este miércoles la medida durante su primera intervención en el pleno del Parlament.
“Se está produciendo un ‘efecto llamada’ en la gestión de algunas ayudas que generan una falsa percepción de cobertura social a todo aquello que llega”, aseguró.
En su intervención, Fernández afirmó que el Govern tiene la “obligación de no contribuir” a la situación de emergencia migratoria. Por ese motivo, explicó, se ha acordado con Vox establecer un periodo de residencia legal para acceder a las ayudas mencionadas.
“Eso es lo que vamos a hacer”, sentenció la consellera.
Críticas al Gobierno central
Durante su intervención, Fernández cargó también contra el Ejecutivo central, al que acusó de actuar con “total y absoluta dejadez de funciones” en materia inmigratoria.
“Mientras el Govern hace todo lo que está en su mano, el Estado mira hacia otro lado”, denunció.
Según Fernández, “los que llaman racistas al Govern son los que desmantelan servicios de extranjería, deniegan la contingencia migratoria, no luchan contra las mafias que trafican con personas y miran hacia otro lado”. Y añadió: “Eso sí es racismo”.
Fernández reiteró que Baleares “no puede acoger a más menores” y defendió la distribución competencial existente.
La consellera advirtió de que el Ejecutivo autonómico seguirá “todas las vías legales necesarias” para evitar que se aplique en las Islas el reparto estatal de menores no acompañados procedentes de otras comunidades autónomas.
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