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septiembre 2026
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La consellera aseguró que la resolución dio luz verde a «todo lo que se había pedido» desde septiembre de 2025. Sin embargo, los detalles de la resolución muestran otra realidad: de las 1.960 hamacas y 980 sombrillas solicitadas originalmente, Costas autorizó 1.900 y 950, respectivamente. La diferencia responde a un recorte en Illetes y a la eliminación de un lote de Migjorn por parte del propio Consell.

Mientras el criterio ambiental terminó imponiéndose sobre la Orden de 2013 en la disputa por la distancia a las dunas, esa misma Orden siguió operando a favor del Consell en otro frente: la distancia mínima entre las instalaciones y la orilla del mar. Dos argumentos jurídicos de aplicación discrecional terminaron siendo decisivos para que Formentera consiguiera casi la totalidad de las instalaciones de temporada solicitadas.

La resolución que puso fin al conflicto por las instalaciones de temporada en Formentera no se limitó a reordenar plazos y superficies: alteró la jerarquía normativa que había sustentado las denegaciones de mayo. La Dirección General de Costas y Litoral pasó de aplicar de forma directa los criterios de la OCAMAT a subordinarlos a los instrumentos de gestión ambiental del Parque Natural de Ses Salines.

El fuego afectó a unos 70 metros cuadrados de vegetación junto al restaurante El Caminito en la PM-820-2 y fue declarado extinguido a las 7.30 horas. En la extinción participaron tres bomberos del Consell, efectivos del IBANAT, la Policía Local y la Guardia Civil.

Luego de que la Dirección General de Costas informara ayer que «permanecen fuera de la autorización distintos quioscos», lotes que se encuentran dentro de la concesión otorgada al Consell y que enfrentan un expediente de caducidad por una serie de irregularidades, al consellera Verónica Castelló apuntó responsabilidades contra el Govern: «Ha habido un error a la hora de valorar el expediente».

La izquierda pide una sesión extraordinaria de la Diputación Permanente para que el conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente, explique si hubo presiones políticas sobre los técnicos de Costas. La situación en Formentera que derivó en la destitución de la directora general y sus posteriores declaraciones públicas han desatado una crisis política en materia de litoral.

Cuatro de los antiguos concesionarios advierten que acudirán a la jurisdicción contencioso-administrativa si el Govern no acredita la incoación formal del expediente de caducidad. Han pasado más de nueve meses desde que los propios técnicos de la Conselleria propusieron iniciar el expediente tras un demoledor informe por los diferentes incumplimientos documentados.


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